El pasado octubre de 2024, el Consell de Formentera tuvo que alojar en la casa de colonias de la isla a ocho menores no acompañados (menas) de origen marroquí. La medida se tomó ante la llegada constante de pateras en los últimos meses, lo que ha generado una presión insostenible sobre los centros de acogida en Baleares, ha informado María Curiel en El Debate.
Hasta entonces, las autoridades derivaban a estos inmigrantes al centro Pare Morey de Ibiza. Sin embargo, a finales del verano, este ya no tenía capacidad para acoger a más internos, al igual que otros centros en Mallorca, lo que obligó a buscar una alternativa en Formentera.
San Francisco, la capital de la isla, cuenta con apenas 3.362 habitantes y se caracteriza por su tranquilidad, excepto en la temporada alta de turismo. A diferencia de Es Pujols, más orientado al ocio nocturno, esta localidad ha mantenido siempre un ambiente apacible. Sin embargo, la llegada de estos menas ha alterado la convivencia.
«Formentera ha sido libre toda la vida y ahora los padres tienen miedo de dejar a los niños solos en la plaza del pueblo», denuncia una residente a El Debate. Durante las pasadas Navidades, estos menores lanzaron un petardo a una anciana del pueblo. Un niño que presenció la escena les recriminó la acción y acabó siendo agredido. Hace pocos días, otro menor de 12 años fue víctima de un robo por parte de estos inmigrantes y sufrió un ataque de ansiedad.
Los comerciantes del pueblo también han notado el impacto de esta situación. «Robaron en la tienda de deportes y amenazaron con una navaja a los empleados», lamenta esta misma vecina. Su testimonio refleja el malestar de la comunidad: «Hemos dado libertad a unos para quitársela a otros».
El Consell de Formentera ha recurrido a empresas especializadas, financiadas con dinero público, para gestionar la situación. Estas entidades cuentan con monitores y psicólogos para trabajar con los menores. «Tenemos cerca de un centenar en toda la isla, más que el Consell de Ibiza o Menorca, y solo representamos el 1 % de la población balear. Esto es una presión muy fuerte», declaró Llorenç Córdoba, presidente del Consell.
