Una familia refugiada de origen sirio vive desde 2018 en una vivienda de Valdemoro (Madrid) que ya no pagan desde hace años. Aunque inicialmente alquilaron el piso de manera legal, dejaron de pagar el alquiler en 2019 y se han convertido en 'inquiokupas'.
La propietaria de la casa, Basi Rodríguez, confiaba en la recomendación de una ONG que prometía garantías legales y apoyo en el alquiler. Sin embargo, esta promesa se desmoronó con el tiempo. «Nos dijeron que todo iría fenomenal», recuerda Basi, quien accedió a alquilar el piso para superar apuros económicos.
La ONG gestionó el contrato y garantizó respaldo en caso de problemas. Sin embargo, desde el inicio, Basi tuvo que aceptar condiciones desfavorables y explicó: «Bajamos el alquiler a 700 euros porque era la ayuda que ellos recibían».
En 2019, la familia refugiada comenzó a retrasarse en los pagos y dejó tres meses sin abonar. Con la llegada de la pandemia, dejaron de pagar por completo: «Hoy nos deben unos 37.000 euros».
Ante las deudas, la familia de Basi ha tenido que abandonar el piso donde vivían de alquiler para trasladarse a casa de la madre de ella: «Vivimos al día y la hipoteca del piso son casi 1.000 euros al mes. No tenemos ahorros ni podemos pagar los préstamos que hemos pedido».
La propietaria denuncia que los 'inquiokupas' reciben ayudas que duplican sus ingresos
A esta situación se suma el hecho de que los inquilinos perciben cuantiosas ayudas del Estado. Según Basi, estas ascienden a casi 2.000 euros mensuales. «Viven mejor que nosotros. Publican fotos de vacaciones en la playa mientras yo no puedo ni comprar ropa a mis hijos».
La propietaria insiste en que sus inquilinos no están en una situación de vulnerabilidad: «Se aprovechan de su condición de refugiados para acceder a ayudas. Es injusto que cobren casi el doble que nosotros».
El apoyo de la ONG, que en teoría debía respaldar a los propietarios, ha desaparecido: «Nos dijeron que intervendrían si surgían problemas, pero el responsable ya no trabaja allí y nadie se hace cargo».
La justicia retrasa el desahucio mientras los propietarios enfrentan deudas y precariedad
El caso ha llegado a los tribunales. En febrero, el Juzgado de Valdemoro ordenó el desahucio, pero los inquilinos recurrieron, alegando vulnerabilidad: «El juez les pidió pruebas que no han aportado, pero el proceso puede alargarse hasta un año más».
Mientras tanto, la familia propietaria sigue enfrentándose a una situación desesperada. «Nos sentimos abandonados por la justicia y engañados por quienes nos dijeron que todo estaría bajo control», concluye.
