El Gobierno de España organizó dos traslados de 200 inmigrantes llegados a las Islas Canarias hacia la base militar de Zaragoza en vuelos realizados el 31 de diciembre y el 9 de enero con un avión A400M del Ejército del Aire y del Espacio. Cada vuelo transportó a un centenar de inmigrantes en estas operaciones que han generado polémica en Aragón.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado la «falta de transparencia» en estas actuaciones. Según afirmó en una publicación en X, «es inadmisible que el Gobierno de España traslade inmigrantes a Aragón sin previo aviso». Azcón también recordó que «en ocasiones anteriores se ocultaron detalles sobre estos traslados» y exigió explicaciones inmediatas, además de aclaraciones sobre si alguno de estos inmigrantes ha sido alojado en la comunidad.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, se sumó a las críticas y pidió explicaciones al Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Susín expresó su preocupación por «la falta de una política migratoria clara, que incentiva el tráfico de seres humanos y sobrepasa las competencias autonómicas».
Ante las críticas, Beltrán respondió también en X, asegurando que no se han ampliado las plazas existentes en Aragón para atender a inmigrantes procedentes de Canarias. Añadió que los recursos destinados se mantienen sin cambios y apeló a la «lealtad y responsabilidad» de Azcón en un tema tan sensible.
Según la Delegación del Gobierno, el primer vuelo procedente de El Hierro no llegó a Zaragoza, sino a Torrejón de Ardoz. Allí, los inmigrantes fueron recogidos por entidades que trabajan con el Ejecutivo central y trasladados a sus alojamientos. En cambio, el segundo vuelo sí aterrizó en Zaragoza, aunque los inmigrantes fueron trasladados a Cataluña en autobús posteriormente.
El uso del avión militar A400M fue calificado como «puntual y extraordinario» debido a la alta demanda de vuelos regulares durante las festividades. Las autoridades explicaron que el objetivo era «garantizar una atención adecuada a personas en situación de máxima vulnerabilidad y evitar la sobreocupación de los centros».
Desde la Delegación del Gobierno también señalaron que las plazas de acogida en Aragón no están al 100% de su capacidad y que el Ejecutivo central informa mensualmente a las comunidades autónomas sobre los recursos disponibles. Además, lamentaron que se use políticamente un tema tan delicado como la atención a los inmigrantes.
El conflicto migratorio ha generado tensiones políticas en Aragón, especialmente tras la ruptura del Gobierno de coalición con Vox en julio pasado. Este problema también ha complicado la aprobación de los presupuestos para 2025. Vox ha acusado al Ejecutivo autonómico de no frenar la llegada de inmigrantes, pese a que la competencia sobre su distribución recae exclusivamente en el Estado.
Uno de los casos más polémicos fue el de Mora de Rubielos, donde la llegada de 120 inmigrantes a una localidad de apenas 1.600 habitantes encendió a los vecinos. Este episodio se suma al conflicto entre el Gobierno aragonés y el central en materia de inmigración.
