El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha un censo con el objetivo de identificar las llamadas «casas pateras» y controlar los «empadronamientos masivos» en el municipio. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad y la calidad de vida, respondiendo a las inquietudes de los vecinos que, recientemente, realizaron una concentración pacífica para exigir más seguridad. La medida forma parte de los acuerdos alcanzados en la última Junta Local de Seguridad.

El censo tiene como propósito principal garantizar que las viviendas alquiladas cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad según el número de ocupantes. Aquellas que no respeten la normativa vigente serán sometidas a inspecciones por parte de funcionarios municipales. En caso de incumplimiento, se levantarán actas para tomar las medidas necesarias y asegurar que los propietarios regularicen la situación de sus inmuebles.

El Ayuntamiento también comunicará los resultados de estas inspecciones al Ministerio de Hacienda y a las consejerías correspondientes para que se liquiden los impuestos relacionados con los contratos de alquiler. Con esta medida no solo buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos, sino también que los propietarios de las viviendas cumplan con sus responsabilidades fiscales.

Los informes de las inspecciones serán enviados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a las administraciones autonómicas y estatales, para que puedan tomar las acciones pertinentes. El Consistorio subraya que esta medida es clave para restaurar la convivencia y la seguridad en Almonte, y que es una prioridad para el gobierno municipal actual.

El equipo de gobierno reconoce que esta situación es una problemática que viene de administraciones anteriores y que ha sido ignorada por mucho tiempo, y consideran que el momento de actuar ha llegado y que el control de las «casas pateras» es una parte fundamental de su estrategia para devolver la tranquilidad al municipio.

Durante la anterior legislatura conformada por una coalición entre Mesa, PSOE y PP, no se tomó el control necesario sobre el crecimiento desmesurado de empadronamientos, lo que permitió que en algunas viviendas llegaran a convivir hasta 100 personas. Este descontrol ha creado un efecto llamada que ha colapsado los servicios municipales y ha convertido a Almonte en un punto de concentración de empadronamientos irregulares.

Ante esta saturación de los servicios, el Ayuntamiento ha decidido implementar una tasa para la expedición de certificados de empadronamiento, siguiendo el ejemplo de otros municipios. Con esta medida, se pretende aliviar la carga sobre los recursos municipales y regular la situación de aquellos que buscan empadronarse en el municipio.