El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido precintar tres carpas instaladas en el Hospital General Basico de la Defensa (Hospital Naval) de Cartagena que el Gobierno central había habilitado para acoger a más de mil inmigrantes llegados desde Canarias. La medida se ha tomado debido a la falta de licencias y el incumplimiento de un acuerdo previo en el que se aseguraba que no se ampliaría el campamento establecido el año pasado, según ha informado Antena 3 Noticias.
Las instalaciones se levantaron para dar refugio a 600 inmigrantes, pero ahora se pretendía ampliar la capacidad a más de 1.100 inmigrantes. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha denunciado que esta expansión se ha hecho sin el consentimiento del consistorio y sin los recursos necesarios para atender de manera adecuada a los inmigrantes, lo que ha llevado a la decisión de precintar las carpas.
La alcaldesa también ha señalado que el Gobierno central no ha respetado su compromiso de no aumentar el tamaño del campamento y que esta situación desborda la capacidad local para ofrecer apoyo y servicios a los inmigrantes. Noelia Arroyo ha declarado que, «Es imposible atender sus necesidades cuando salen del campamento sin ningún tipo de recurso».
El Ministerio de Inclusión está estudiando cómo proceder ante el cierre de las instalaciones y valorando las medidas a tomar para solucionar la situación en Cartagena. Este conflicto surge en un contexto en el que otras regiones, como Ciudad Real, también tienen una gran preocupación por la gestión de la llegada de inmigrantes.
La posibilidad de convertir el aeropuerto de la ciudad en un centro de acogida temporal para inmigrantes ha generado críticas desde el Gobierno regional de Castilla-La Mancha. El presidente Emiliano García-Page ha rechazado el proyecto, argumentando que no es una solución adecuada y advirtiendo que podría convertirse en un «gueto social» para los inmigrantes.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha han calificado el proyecto del Ministerio de Inclusión como un «despropósito», ya que el gobierno regional no fue informado oficialmente del plan y se enteraron del mismo a través de las entidades sociales que trabajan con inmigrantes en la primera acogida.
