El lunes, el buque español Aita Mari, operado por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), llegó a Salerno, Italia, con 108 inmigrantes a bordo. Estos individuos fueron rescatados durante el fin de semana en el Mediterráneo central, una zona conocida por su peligrosidad para los viajes migratorios.
La tripulación del Aita Mari denunció que las autoridades italianas les obligaron a navegar a través de un temporal con vientos superiores a los 25 nudos y olas de más de dos metros. Esto se debió a la asignación de un puerto seguro distante, lo que prolongó su travesía y puso en riesgo la seguridad de los inmigrantes.
Los 108 inmigrantes, rescatados el 5 de abril mientras se encontraban a la deriva, fueron dirigidos hacia Salerno, un puerto que requirió dos días de navegación. Esta práctica, según la ONG, es una táctica conocida para desgastar a las organizaciones de rescate. Entre los rescatados se encontraban 84 hombres, 13 mujeres y 13 menores de edad, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad extrema. Provenientes de once países, incluyendo Sudán, Togo y Nigeria, estos individuos buscaban alcanzar las costas europeas huyendo de conflictos prolongados.
Tras el rescate, los inmigrantes pasaron la noche en condiciones adversas, mojados y con frío, a pesar de los esfuerzos de la tripulación por proporcionarles abrigo. Las mujeres y los niños fueron ubicados en las áreas más protegidas del buque. La ONG informó a las autoridades italianas sobre la situación y solicitó un puerto más cercano, pero no recibieron respuesta, lo que los forzó a continuar hasta Salerno.
Amaia Iguaran, vicepresidenta de la ONG, señaló que «la exposición de los supervivientes a estas duras condiciones fue innecesaria y podría haberse evitado si el gobierno italiano hubiese asignado un puerto más cercano». Además, denunció que «el gobierno italiano ha incumplido nuevamente los principios humanitarios al asignar un puerto tan lejano del área de rescate».
La ONG advirtió que esta misión del Aita Mari, la número 15, podría ser la última antes de la implementación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Este acuerdo amenaza con criminalizar y penalizar el trabajo de las organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo. El nuevo marco legal «abre la puerta a la externalización de fronteras y a la creación de centros de retorno en terceros países», un modelo promovido por el gobierno de Giorgia Meloni que podría resultar en una violación sistemática de los derechos humanos de quienes buscan protección internacional.
Desde su inicio en el Mediterráneo, el Aita Mari ha rescatado a 1.522 inmigrantes. Amaia Iguaran concluyó que «la tragedia humanitaria no puede detenerse con políticas antiinmigración, ya que lo que estas personas huyen es peor que la perspectiva de morir ahogados».