Un informe de la Sindicatura de Cuentas ha revelado que Cataluña destinó cerca de 1.000 millones de euros entre 2016 y 2020 a los centros de acogida para menores extranjeros no acompañados. La información se presentó en el Parlamento catalán y pone el foco en las numerosas irregularidades detectadas durante la gestión.
El documento señala que el número de centros se triplicó en esos años, pasando de 203 en 2016 a casi 600 en 2020. Esta rápida expansión se debió a la creciente demanda de plazas, lo que obligó a recurrir a contrataciones de emergencia y provocó la saturación de los servicios.
El gasto total alcanzó cifras récord debido a la falta de previsión y a la necesidad urgente de responder a la llegada masiva de menas. La sobreocupación y los problemas en la planificación evidencian fallos en el sistema de acogida.
La Sindicatura de Cuentas, que actúa como el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas, ha alertado de que estas deficiencias deben abordarse para garantizar una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
