La Audiencia de Alicante ha finalizado este viernes un caso que involucraba a quince personas acusadas de participar en una red de empadronamientos fraudulentos destinados a obtener la residencia legal en España. Este grupo operaba con la complicidad de un funcionario del Ayuntamiento de San Clemente, en Cuenca, quien emitía certificados falsos a cambio de sobornos que variaban entre 2.500 y 3.000 euros, e incluso llegó a recibir un vehículo como pago por sus servicios.

El juicio estaba programado para ser llevado ante un jurado popular la próxima semana y fue cancelado a tres días de su inicio debido a un acuerdo alcanzado entre las partes. Los acusados se declararon culpables a cambio de una reducción de sus penas, evitando así el ingreso en prisión. La Fiscalía reconoció que se habían producido dilaciones indebidas en el proceso, que comenzó hace nueve años y sufrió múltiples interrupciones a pesar de la cantidad de personas implicadas. Los abogados defensores que negociaron el acuerdo incluyen a Aurora Gámez, Gracia Carrión, Rafael Mira-Zaplana, Carlos Peñarrubia y Javier Carbonell, entre otros.

Las penas acordadas varían de 25 días a dos años de prisión, dependiendo del nivel de participación de cada individuo en la red. Los cargos presentados incluyen cohecho y falsedad documental. El funcionario, el único acusado de nacionalidad española, junto con aquellos que colaboraron en la tramitación de la documentación, recibieron las condenas más severas. La mayoría de los otros acusados son inmigrantes, principalmente de Marruecos, que utilizaron los documentos falsificados para intentar obtener la residencia. Catorce de los acusados firmaron el acuerdo ayer en la Audiencia de Alicante; uno de ellos, cuya ubicación se desconoce, ha sido declarado en rebeldía.

La investigación comenzó cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alicante detectó un aumento inusual en las solicitudes de residencia por arraigo social por parte de inmigrantes marroquíes. Para obtener este tipo de residencia, es necesario demostrar una estancia de más de tres años en España y contar con una oferta de empleo. Al examinar estas solicitudes, los agentes descubrieron que la mayoría de los certificados de empadronamiento provenían del municipio de San Clemente, en Cuenca, con una población de 7.200 habitantes. Muchos de estos certificados indicaban las mismas direcciones, donde residían otros miembros de la red.

El funcionario, responsable del padrón municipal desde 1993, admitió en el acuerdo haber recibido entre 2.500 y 3.000 euros por cada certificado falso emitido a ciudadanos extranjeros, la mayoría de los cuales nunca habían vivido en el municipio o lo habían hecho en fechas posteriores a las indicadas en los documentos. También confirmó haber recibido un vehículo en 2012 como parte del pago por sus servicios fraudulentos.

Estos empadronamientos no fueron reportados al Instituto Nacional de Estadística, como es requerido, con fechas que permitieran la regularización de los inmigrantes. El funcionario aceptó una condena de dos años y dos meses de prisión por delitos continuados de cohecho y falsedad documental, además de tres años de inhabilitación. Otros tres miembros de la red, considerados cooperadores necesarios, también fueron condenados a penas similares por su participación en la tramitación de documentos. Dos colaboradores adicionales aceptaron catorce meses de prisión, mientras que siete acusados más aceptaron penas de un mes y quince días por usar los documentos falsos en un intento de regularizar su situación, sabiendo que eran fraudulentos.