La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una condena de 31 años de prisión a un inmigrante ilegal de origen marroquí. El acusado fue hallado culpable de agredir sexualmente a una mujer durante la Navidad de 2022 en un edificio céntrico de la capital tinerfeña. De los 31 años de condena, 20 serán de cumplimiento efectivo.
La sentencia, divulgada este viernes, establece que el agresor de 24 años, quien llegó a Canarias en una patera a través de Lanzarote solo cuatro días de cometer el ataque, y residía en el centro de acogida de inmigrantes de Las Raíces, atacó a la víctima, una mujer de 59 años, mientras esta intentaba acceder a su lugar de trabajo alrededor de las 06:30 horas en el ‘Edificio Olympo’. El agresor la siguió por los pasillos hasta que la mujer quedó sola y levantó la reja eléctrica del local en la primera planta, momento en el que la atacó, la empujó hacia el interior y le arrebató las llaves para impedir su huida.
El ataque fue descrito en la sentencia como una «paliza brutal», con golpes fuertes y repetidos con la mano abierta, puñetazos, empujones contra muebles, agarrones, zarandeos, tirones de pelo, patadas e incluso intentos de estrangulamiento. La violencia duró más de diez minutos y el tribunal subrayó que fue «feroz, cruel y desproporcionada», incluso considerando el objetivo del agresor de someter y agredir sexualmente a la víctima.
Durante la agresión sexual, el agresor continuó golpeando a la mujer y apretándole el cuello hasta dejarla sin aliento, lo que llevó a la víctima a cesar toda resistencia física por temor a ser asesinada. Tras completar el ataque, mantuvo a la mujer retenida en la oficina, quien intentó escapar sin éxito, sufriendo nuevas agresiones físicas y sexuales. El agresor abandonó el lugar casi una hora y media después, no sin antes robar 30 euros, las llaves del local y los zapatos de la víctima. Además, amenazó con matarla si revelaba lo sucedido.
El agresor fue detenido por la Policía Nacional alrededor de las 08:30 horas, mientras intentaba coger el tranvía de regreso al centro de Las Raíces. La víctima, en estado de shock y gravemente herida, logró contactar a su esposo y al dueño de la empresa. Fue el conserje del edificio quien la encontró diez minutos después de la partida del agresor.
La víctima requirió seis meses para recuperarse y estabilizar sus lesiones, aunque no fue hospitalizada ni presentó daños físicos en áreas genitales o anales derivados del ataque. Sin embargo, contrajo sífilis y hepatitis, enfermedades que persistieron hasta mayo de 2023.
Secuelas y consecuencias para la víctima
Como resultado del ataque, la víctima desarrolló un cuadro ansioso-depresivo y un trastorno de estrés postraumático, manifestando episodios de terror, indefensión, vértigos, síntomas de reexperimentación, reacciones vivenciales, intenso malestar psicológico, sentimiento de culpa, baja autoestima, conductas de evitación, inestabilidad emocional, infravaloración, problemas de concentración, alteraciones del sueño, tristeza, desinterés por actividades cotidianas, somatizaciones y repercusiones en las esferas personal, familiar, social y laboral. Actualmente, sigue bajo tratamiento psiquiátrico y se le ha reconocido una incapacidad laboral permanente.
La Audiencia Provincial destacó la «violencia desmedida» y las condiciones «especialmente vejatorias y degradantes» en un total de tres ataques, incluyendo la obligación a la víctima de ayudarle a vestirse y un intento de darle un beso de despedida, hechos corroborados por las cámaras de seguridad del edificio.
La sentencia descartó la embriaguez del acusado o su afectación por consumo de drogas, a pesar de que pudiera haber ingerido alcohol durante la madrugada previa, debido a la «evidente planificación» y el «manifiesto control» de la situación demostrado por el agresor.
El tribunal consideró al hombre culpable de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal y bucal, con empleo de violencia e intimidación, imponiendo también seis años de prisión por un delito de lesiones físicas y psíquicas, tres años por robo violento y dos años adicionales por amenazas. Además, en concepto de responsabilidad civil, el hombre deberá indemnizar a la víctima con 25.000 euros por las lesiones sufridas y otros 50.000 euros por secuelas y daños morales.
Contra la sentencia cabe interponer recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
