En la mañana de este martes, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts han revelado los detalles de su acuerdo para la transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Este pacto, que ha tardado más de un año en concretarse, incluye medidas como la presencia de los Mossos d'Esquadra en las fronteras, el aumento del número de agentes de la policía autonómica y la gestión completa de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por parte de la Generalitat, ahora dirigida por el socialista Salvador Illa.

El acuerdo ha sido registrado en el Congreso como una proposición de ley orgánica conjunta de socialistas y posconvergentes, no podrá ser tramitado por la vía de urgencia y aún tardará varios meses en entrar en vigor. Según lo acordado, Cataluña tendrá la capacidad de «desarrollar un modelo propio y una política integral», permitiendo a las instituciones catalanas desempeñar un papel determinante en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración, dentro del marco de la legislación internacional, europea y estatal.

Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones fue el papel de los Mossos d’Esquadra en el control de las fronteras catalanas. Junts, el partido de Carles Puigdemont, abogaba por que esta competencia fuera exclusiva de la policía autonómica, mientras que el Gobierno central se oponía, argumentando que esto sería contrario a la Constitución y a la doctrina de la Unión Europea. Finalmente, se llegó a un acuerdo intermedio: «Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros con prohibición de entrada. Para ello, los Mossos d'Esquadra estarán presentes en la frontera y actuarán en coordinación con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Para cumplir con este objetivo, se prevé un incremento de 1.800 efectivos en la plantilla de Mossos, alcanzando un total de 26.800 agentes.

Los Mossos d'Esquadra también se encargarán de la seguridad en puertos, aeropuertos y zonas críticas, colaborando con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Asimismo, tendrán la competencia para prevenir, perseguir, proteger y asistir a las víctimas de trata y explotación de inmigrantes.

El acuerdo entre las formaciones de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont establece que Cataluña actuará como «ventanilla única» en su territorio para las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. La Generalitat expedirá el documento de identidad para extranjeros, basándose en el Registro del NIE del Estado español, lo que refleja un equilibrio entre las demandas de los posconvergentes y las reservas de los socialistas.

En cuanto a los procedimientos sancionadores, la Administración catalana será responsable de los procesos administrativos, incluidos la resolución y ejecución. También instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente, como las devoluciones. Las expulsiones que sí necesiten expediente serán resueltas y ejecutadas a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa evaluación de los criterios establecidos por la Junta de Seguridad de Cataluña. Además, la autonomía gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Cataluña, junto con empresas y sindicatos en su territorio, determinará los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros en las contrataciones en origen. En materia lingüística, el acuerdo se remite a las previsiones de la legislación vigente para el ejercicio de las competencias delegadas. Finalmente, el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza las competencias delegadas.

Policías y guardias civiles anuncian acciones legales

El reciente acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias en materia de inmigración y fronteras a la Generalitat de Cataluña ha provocado un fuerte descontento entre los cuerpos de seguridad del Estado. Este pacto, que ha sido objeto de negociaciones durante meses, ha sido presentado oficialmente en el Congreso de los Diputados este martes, desencadenando una oleada de críticas por parte de sindicatos y asociaciones.

Según el acuerdo, los Mossos d'Esquadra asumirán la gestión de las fronteras «en cooperación» con la Guardia Civil y tendrán la capacidad de expulsar a inmigrantes con prohibición de entrada «en coordinación» con la Policía Nacional. Esta redistribución de responsabilidades ha sido interpretada por los agentes como una relegación a un segundo plano en favor de sus homólogos catalanes.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat como un «mercadeo político» que «choca frontalmente» con el marco legal vigente. Los agentes han expresado su «preocupación y rechazo» ante el acuerdo que permitirá a los Mossos d'Esquadra gestionar la seguridad en puertos y aeropuertos, así como tener presencia en las fronteras.

Además, el Gobierno ha transferido la gestión del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, hasta ahora bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. Junts también ha buscado controlar la emisión de los números de identificación de extranjeros (NIE), pero según el acuerdo, los Mossos d'Esquadra entregarán las tarjetas, mientras que el registro seguirá bajo la supervisión del Ministerio del Interior.

«Bochornoso»

El sindicato de Policía Jupol ha calificado el acuerdo de «bochornoso», considerándolo una «vulneración flagrante de la Constitución» y un paso más hacia el «desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña». Según Jupol, este acuerdo forma parte de una «estrategia de desmantelamiento» que comenzó hace años y que ahora se acelera con esta cesión de competencias.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha declarado que el acuerdo representa un «golpe mortal» para las funciones que la Policía Nacional desempeña en Cataluña. Han criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ser «el primero de los quince titulares de ese departamento en tolerar la ruptura de un consenso mantenido durante casi medio siglo». La CEP advierte que la pérdida de competencias no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino también el control de las fronteras exteriores que permiten el acceso al territorio Schengen.

Tanto Jupol como la CEP, en medio de un conflicto colectivo dentro de la Policía, han exigido la dimisión de Marlaska por permitir este acuerdo, instándole a actuar «por dignidad y coherencia».

Para asumir estas nuevas competencias, se incrementará el número de Mossos d'Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, alcanzando un total de 26.800 agentes.