La Policía Nacional ha desarticulado una red que se dedicaba a empadronar ilegalmente a inmigrantes en Las Palmas de Gran Canaria. La trama estaba formada por al menos dos personas y permitió regularizar la situación de 133 mauritanos y marroquíes, muchos de ellos en situación ilegal en España.
Los agentes han detenido a un hombre y han identificado a un segundo implicado en la gestión de estos empadronamientos fraudulentos. Según la investigación, el grupo ofrecía certificados de padrón, un documento clave para acceder a servicios públicos, regularizar la estancia en el país y obtener asistencia sanitaria.
Este fraude salió a la luz gracias a una colaboración entre la Policía y el Servicio del Padrón Municipal de Las Palmas. Durante dos años, la red operó empadronando a inmigrantes en viviendas cuyos propietarios desconocían completamente lo que estaba ocurriendo.
En muchos casos, los beneficiarios de este entramado ni siquiera residían en España. Procedentes de Mauritania y Marruecos, viajaban a Gran Canaria solo para recibir atención médica y aprovechaban los documentos falsos para acceder a la Seguridad Social.
Los responsables de la trama frecuentaban oficinas municipales haciéndose pasar por trabajadores. De este modo, se ganaban la confianza de las víctimas y les pedían documentos personales como facturas, contratos o escrituras de propiedad, que luego utilizaban para sus gestiones fraudulentas.
Con los datos en su poder, ofrecían empadronar a inmigrantes ilegales a cambio de sumas de dinero. Este esquema permitió beneficiar a más de un centenar de personas y perjudicó directamente a al menos 28 propietarios de viviendas, cuyos datos fueron utilizados sin su consentimiento.
Hasta el momento, uno de los cabecillas ha sido detenido y puesto a disposición judicial, mientras que el segundo sigue bajo investigación. Las autoridades trabajan en la identificación de otros implicados y en la cooperación internacional para cerrar completamente el caso.
Según la Policía, este tipo de redes no solo afectan a la seguridad documental del país, sino que también generan un perjuicio significativo para los sistemas públicos y los ciudadanos.
