La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal liderada por pakistaníes que se dedicaba a introducir inmigrantes ilegales desde Pakistán para explotarlos laboralmente en España. La operación, denominada «Salaria», ha resultado en la detención de ocho personas y la investigación de otras tres, todas presuntamente implicadas en delitos como coacciones, falsedad documental, usurpación de identidad, fraude a la Seguridad Social y explotación laboral.
Las investigaciones permitieron liberar a 15 víctimas de la organización. Estas personas estaban retenidas en condiciones precarias en varias localidades: siete en Jódar, una en Jaén, dos en Cazorla, dos en Villacarrillo y tres más en Ronda (Málaga). La operación se inició tras detectar la apertura sospechosa de más de 20 locales de comida rápida, especialmente kebabs, en la provincia de Jaén, que mostraban escasa actividad y empleaban a inmigrantes pakistaníes en situación irregular.
Durante la operación, la Guardia Civil realizó 19 registros en propiedades vinculadas a la red, incluidas viviendas, establecimientos y locales comerciales. En estos registros se hallaron documentos falsificados utilizados por las víctimas para aparentar una situación legal, como contratos de alquiler y empadronamientos fraudulentos, además de contratos de compraventa falsos.
La red estaba encabezada por tres pakistaníes que controlaban el entramado empresarial y logístico. Un grupo intermedio, también compuesto por inmigrantes de la misma nacionalidad, se encargaba de trasladar y supervisar a las víctimas, mientras que algunos testaferros figuraban como propietarios de los negocios en los registros legales.
Entre los detenidos se encuentra un ciudadano español, acusado de colaborar en la tramitación irregular de documentación para regularizar la situación de las víctimas en el país. Este individuo habría ofrecido apoyo administrativo a la red, facilitando que los inmigrantes trabajaran sin contrato ni garantías legales.
Las víctimas son en su mayoría inmigrantes pakistaníes y eran captadas bajo la falsa promesa de obtener documentos legales en España. Sin embargo, eran explotadas laboralmente, sin salario ni descansos, y obligadas a trabajar jornadas excesivas. Además, se les retenía su documentación personal para impedir su movilidad. En muchos casos, eran alojadas en condiciones insalubres y de hacinamiento, y algunos incluso dormían en los mismos locales donde trabajaban.
La operación «Salaria» fue llevada a cabo por la Guardia Civil de Jaén bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén y ha puesto fin a esta red que operaba principalmente en Jaén, Murcia y Málaga. Las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los vínculos de esta organización y evitar que se repitan casos similares.
