La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de personas que operaba desde Argelia y facilitaba la entrada ilegal de inmigrantes a España a través de lanchas rápidas, conocidas como «pateras-taxi». La operación, llamada Flixita, se llevó a cabo en febrero de 2023 y permitió detener a 19 personas, 13 de las cuales ya han sido condenadas por la Audiencia de Almería. El cabecilla de la red, apodado Chillón, ha sido sentenciado a seis años de prisión, aunque cinco miembros de la banda aún siguen prófugos.
Los inmigrantes pagaban entre 4.000 y 5.000 euros por un viaje en lancha desde Argelia, un trayecto que es peligroso y se completaba en apenas 15 minutos debido a la velocidad de las embarcaciones, y con ello lograron introducir a más de 700 inmigrantes en España, utilizando la costa de Almería como punto de llegada, y acumulando aproximadamente 3,5 millones de euros.
Las investigaciones revelaron que los inmigrantes eran llevados a asentamientos temporales en Almería y Murcia en cuanto llegaban a suelo español, antes de ser trasladados hacia la frontera francesa. Las lanchas transportaban entre 10 y 15 inmigrantes en cada viaje, lo que convirtió a esta ruta en una de las más utilizadas y mortales. La banda coordinaba varias salidas simultáneas para dificultar la respuesta de las autoridades.
La red criminal también se dedicaba al contrabando de artículos robados, además de traficar con personas, como teléfonos móviles, y al transporte de drogas como cocaína y anfetaminas, aprovechando los trayectos de vuelta a Argelia.
El líder de la organización era quien negociaba directamente con las mafias en Argelia, acordando las fechas y puntos de desembarco. Distribuía los pagos entre los miembros de la red tras recibir el dinero, que tenían funciones específicas: unos recibían a los inmigrantes en las costas de Almería, mientras que otros se encargaban de su transporte y alojamiento temporal.
Uno de los métodos que empleaba la banda para gestionar los pagos era a través de empresas remesadoras, utilizando datos de terceros que desconocían el destino final del dinero. Los fondos eran recibidos a través de una agencia de viajes, donde uno de los implicados trabajaba sin que el propietario de la empresa estuviera al tanto de las actividades ilegales.
Para los inmigrantes que no podían continuar su viaje inmediatamente hacia Francia, la organización ofrecía alojamiento en hoteles locales, ya que el dueño de estos hoteles colaboraba con la red, cobrando entre 400 y 500 euros por cada persona que se hospedaba mientras esperaban para seguir su ruta. Este esquema logístico facilitaba el control y movimiento de los inmigrantes hasta su destino final en Europa.
