La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de cinco individuos sospechosos de cometer un delito de falsedad documental. Estos arrestos se produjeron tras descubrirse que los detenidos presuntamente falsificaban tarjetas de asilo y protección internacional, permitiendo así a inmigrantes ilegales trabajar en explotaciones agrícolas de la provincia de Huelva. Además, otras dos personas están siendo investigadas en relación con estos hechos.

Las investigaciones comenzaron cuando agentes especializados en inmigración de Lepe detectaron una posible red de falsificación de documentos. Estas sospechas se confirmaron tras realizar inspecciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en diversas fincas agrícolas de Huelva, donde se identificó a inmigrantes que utilizaban documentación ilegal para trabajar, principalmente en Lepe.

El método utilizado por los sospechosos consistía en aprovechar el NIE temporal que el Cuerpo Nacional de Policía asigna a los inmigrantes al entrar en España. Con este número, falsificaban las tarjetas de asilo y protección internacional, lo que les permitía ser contratados por empresas, especialmente de trabajo temporal, donde este tipo de documentación es menos escrutada.

Según la Guardia Civil, estos documentos se fabricaban en diferentes puntos de España, destacando Murcia y Madrid, a donde se desplazaban los implicados para obtenerlos. Además, se hallaron indicios de que inmigrantes con situación regular facilitaban esta documentación, aprovechándose de la necesidad de los inmigrantes identificados.

Tras realizar gestiones en varias fincas agrícolas, se logró identificar y detener a tres de los presuntos falsificadores. La investigación se extendió a Madrid y Archena (Murcia), donde se arrestó a otras dos personas. Actualmente, se investiga a dos individuos más por su implicación en los hechos. Las pesquisas continúan ante la posibilidad de que haya más implicados en empresas de la provincia de Huelva. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.