En el centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados de La Cantueña, situado en Fuenlabrada, Madrid, se desató una violenta pelea que culminó con la detención de doce menores inmigrantes. El incidente, que tuvo lugar el lunes a las 14:00 horas, dejó a varios vigilantes de seguridad y educadores del centro con lesiones.

La reyerta fue provocada por los doce menores, quienes iniciaron una confrontación masiva que requirió la intervención de los trabajadores del centro para intentar controlarla. La Policía Nacional acudió rápidamente al lugar y procedió a la detención de los menores, quienes fueron acusados de un delito de riña tumultuaria. Posteriormente, fueron trasladados a las dependencias del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) para continuar con las investigaciones sobre los motivos que desencadenaron el conflicto.

Este suceso ocurre justo un día después de que finalizara el plazo para que las comunidades autónomas enviaran al Gobierno central sus datos sobre la acogida de los 4.000 menores inmigrantes llegados desde África a las costas de Canarias. Según el acuerdo alcanzado por Junts el 18 de marzo, Cataluña recibiría aproximadamente 30 menores, mientras que Madrid debería acoger alrededor de 800.

La Comunidad de Madrid anunció el pasado sábado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores inmigrantes no acompañados, promovido por el Gobierno central a través de la modificación de la Ley de Extranjería. El Gobierno de Ayuso argumentó que, durante el año 2024, atendió a 2.442 menores extranjeros y que el sistema está operando al 132% de su capacidad.

El viernes pasado, el consejo de Gobierno instruyó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para que presentara un recurso contra el Real Decreto que introduce estos cambios. La base del recurso es que el decreto «vulnera varios preceptos de la Constitución de 1978 y es inconstitucional, ya que invade competencias exclusivas del Gobierno regional». Además, se sostiene que se están violando los derechos fundamentales de estos menores, «trasladándolos por cuotas arbitrarias y sin priorizar su asistencia».

Hace una semana, la presidenta de Madrid expresó que «nosotros no abandonamos a los menores. Es el Gobierno el que los envía sin ningún criterio». Según Ayuso, la falta de control sobre los menores que llegan, su procedencia y lo que traen consigo es el principal problema. Además, destacó que por cada 60 millones de euros invertidos por la administración autonómica en el asilo de estos menores, el Gobierno central solo aporta 1.6 millones de euros.