Una vecina de La Coruña lleva casi cinco años enfrentándose a una pesadilla que parece no tener fin. Pilar es propietaria de un piso céntrico, y alquiló su vivienda a una mujer de origen marroquí que dejó de pagar el alquiler poco después. Ahora, Pilar se enfrenta a un nuevo revés: parte de su pensión ha sido embargada para cubrir facturas de agua que ella ni siquiera ha consumido.

«Es desesperante, porque nunca en mi vida he debido dinero a nadie, y ahora me embargan lo poco que tengo», comentó Pilar. La deuda asciende a casi mil euros y corresponde al suministro de agua de su vivienda, aún okupado por la inquiokupa. Aunque Pilar dejó de asumir esos pagos al no recibir el alquiler, el Ayuntamiento ha procedido al embargo de 88 euros de su cuenta bancaria.

La historia de esta propietaria comenzó cuando decidió alquilar el piso junto con su marido. La inquilina argumentó que nadie más le alquilaba una vivienda debido a su origen, y confesó que: «Mi marido no estaba convencido, pero al final aceptamos. Tras su fallecimiento en 2020, la inquilina dejó de pagar». Además, destaca que algunas cuotas se cubrieron con ayudas sociales, pero solo durante un tiempo.

Pilar no solo ha perdido los ingresos del alquiler desde entonces, sino que ha tenido que lidiar con una Justicia que no ofrece soluciones. Incluso llegó a manifestarse frente a Servicios Sociales con una pancarta, rogando que reubicaran a la inquiokupa en otra vivienda. «He intentado todo y no consigo nada», se quejó Pilar, visiblemente agotada.

Aunque la inquilina ha puesto la luz a su nombre, la propietaria teme que también existan deudas en ese servicio. Esto ha llevado a Pilar a fundar APROVIJ, una asociación que busca visibilizar los problemas de propietarios como ella. La plataforma critica el Real Decreto 11/2020, que, según aseguran, deja a los propietarios en una situación de indefensión jurídica.

«No podemos ser el escudo social de personas que no quieren cumplir con sus responsabilidades», declara Pilar, refiriéndose a los abusos que el decreto facilita. La asociación ya cuenta con 15 miembros y busca presionar para que se modifiquen las leyes que, en su opinión, perjudican a quienes han trabajado toda su vida para construir un hogar.

A pesar de todo, Pilar mantiene la esperanza de recuperar su piso y solucionar la deuda. Su mayor deseo es poder mudarse de nuevo a La Coruña y dejar atrás este capítulo que ha marcado profundamente su vida, ya que en dicha ciudad viven sus hijos. «Solo quiero justicia y recuperar lo que es mío», concluyó.