El informe anual del Ministerio Fiscal de 2024 ha revelado graves irregularidades en el procedimiento de identificación de menores migrantes no acompañados (menas) llevado a cabo por la organización Cruz Roja en las islas Canarias. Según el documento, la ONG habría registrado como menores a inmigrantes ilegales que, en realidad, eran mayores de edad, permitiéndoles así acceder a centros de acogida destinados a menas.

Durante los meses de agosto a octubre del año pasado, en la provincia de Tenerife, los equipos de Cruz Roja presentes en los puntos de desembarco de los cayucos se encargaron de identificar a los presuntos menores. Este proceso se basaba únicamente en la declaración verbal de los inmigrantes sobre su edad, sin realizar evaluaciones adicionales por parte de las fuerzas de seguridad. Posteriormente, la información era enviada a la Fiscalía, que procedía a abrir los expedientes correspondientes.

La Fiscalía detectó dos tipos de irregularidades en este procedimiento. Por una parte, se abrían expedientes a individuos que, por su apariencia y documentación, eran claramente menores de edad. Por otra, se iniciaban trámites para personas que «evidentemente tenían más de 18 años», quienes incluso admitían su verdadera edad una vez alojados en los centros de menas. Ante estas anomalías, la Fiscalía tomó medidas para rectificar estas prácticas y asegurar una correcta identificación de los menores.

En cuanto a la documentación utilizada para verificar la edad de los inmigrantes, se observaron problemas de autenticidad en los pasaportes de ciertos países, especialmente de Gambia. La Fiscalía de Almería indicó que, aunque se tenía en cuenta la fecha de nacimiento registrada en el pasaporte, surgían dudas sobre la veracidad de los datos en comparación con la apariencia física del supuesto menor. En casos de incertidumbre, se recurría a fiscales especializados en menores para garantizar una evaluación adecuada.

Además, se ha cuestionado el posible beneficio económico que podría obtener Cruz Roja de estas prácticas. Aunque la organización es una ONG sin ánimo de lucro, la gestión de los centros de acogida de menas implica la recepción de subvenciones y fondos públicos destinados a su mantenimiento. Cada menor ingresado genera un coste que es cubierto por las administraciones públicas, lo que podría resultar en una financiación adicional para la ONG. Estos fondos están destinados a cubrir gastos de alimentación, alojamiento, educación y atención sanitaria de los menores, y el monto de los recursos asignados puede variar según el número de menores atendidos.

Según ha podido saber Invadidos, el 92% de los casi 514 millones de euros en subvenciones recibidas por Cruz Roja en 2023 se destinaron a gastos de personal. De esta cantidad, más de cuatro millones de euros fueron para los miembros de la «alta dirección», un total de 64 personas que ganan más de 60.000 euros al año. Además, la organización gastó otros 146 millones de euros en servicios exteriores, según sus propias cuentas. Solo el 7,5% del personal es sanitario.