La Fiscalía Superior de Andalucía ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, por presunto delito de injurias a la Policía. Esta acción se fundamenta en las declaraciones de García tras la muerte de un mantero senegalés que se arrojó al río Guadalquivir mientras huía de un operativo policial contra la venta ambulante ilegal en Sevilla, el 29 de diciembre de 2024. García había denunciado «racismo institucional, violencia policial y represión» en relación con el incidente.

El documento de la querella, notificado este viernes al parlamentario andaluz por la Unidad de Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía, se formalizará el próximo lunes en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA. En dicho documento se recogen las palabras de García tras la muerte por ahogamiento del senegalés Mamouth Bakhoum. La investigación del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla concluyó el 23 de enero con el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, al no encontrar indicios de delito por parte de las autoridades.

A pesar del cierre de la investigación, la indignación persistió entre los compatriotas del fallecido y diversos movimientos sociales. El 2 de enero, durante una concentración en memoria de Bakhoum, García reiteró sus acusaciones: «La actuación de la Policía Local de Sevilla constituye un acto de racismo institucional, violencia policial y represión que no debe repetirse. Esta muerte es consecuencia del racismo, la violencia policial y la represión». Estas declaraciones también fueron difundidas por García en sus redes sociales y reiteradas en una rueda de prensa el 17 de enero, donde acusó a las autoridades de no investigar adecuadamente el caso «por tratarse de una persona inmigrante». Estas afirmaciones motivaron la denuncia del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS) y de la Sección Sindical de CSIF en el Ayuntamiento.

La Fiscalía Superior de Andalucía imputa a García un delito de injurias contra los Ejércitos, la Policía Local y los Cuerpos y Fuerzas del Estado, tipificado en el artículo 504.2 del Código Penal, que prevé penas de multa de entre doce y dieciocho meses. Dado que García es parlamentario autonómico y goza de aforamiento, el caso será tratado por el TSJA.

García, quien anunció la noticia este viernes, mantiene sus declaraciones y considera que la querella es parte de «la deriva autoritaria del Estado» y un «ataque a la libertad de expresión de los cargos públicos», además de «un atropello a los derechos de cualquier ciudadano». Asimismo, ha anunciado que ofrecerá «resistencia» y se siente obligado a defender los derechos humanos, los derechos de las personas inmigrantes y de los colectivos y activistas, así como la libertad de expresión y reunión y las protestas sociales pertinentes.

Por su parte, los sindicatos denunciantes han recordado que «un juez ya dio la razón a la Policía Local y archivó la causa por la muerte del mantero senegalés». En un comunicado conjunto, destacan que «el auto desmontaba la teoría que el señor García sigue defendiendo hoy contra la actuación policial». Además, critican que García «quiere presentarse nuevamente ante los medios de comunicación como mártir y manifiesta que con esta querella, él será la única persona que se siente ante un tribunal». Sin embargo, señalan que el parlamentario «equivoca la libertad de expresión con la imputación en redes sociales de supuestos delitos a los policías que intervinieron en el desgraciado suceso».

El SPLS y CSIF también han expresado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía y han anunciado que continuarán defendiendo el trabajo de la Policía Local de Sevilla y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.