En la noche del jueves, el Gobierno de Melilla, bajo la presidencia de Juan José Imbroda, anunció que la Policía Local, siguiendo instrucciones de la Consejería de Políticas Sociales, trasladó a once inmigrantes a un hotel. Estos individuos, que habían estado acampados frente al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), fueron rechazados reiteradamente por la Delegación del Gobierno, dirigida por Sabrina Moh.
El Ejecutivo local, aunque carece de competencias en este ámbito, tomó esta medida por «cuestiones de dignidad y solidaridad». La decisión se tomó tras las intensas lluvias que azotaron la ciudad esa tarde, con el objetivo de proporcionar a los inmigrantes protección y un lugar donde resguardarse.
Desde el domingo pasado, varios migrantes han estado acampados cerca del CETI. Fuentes cercanas a ellos han indicado que desde el jueves anterior, cuando se implementó el sistema de cita online para solicitar asilo en Melilla, el centro les ha denegado el acceso. Este sistema es la única vía disponible en la ciudad en estos momentos, y los inmigrantes, provenientes de América del Sur y Mali, han llegado desde la península debido al colapso de citas allí.
La actuación del Gobierno central en este caso es cuestionable y ha recibido críticas justificadas tanto del Colegio de Abogados de Melilla como del propio Ejecutivo melillense.
Aunque el alojamiento temporal en un hotel es una solución inmediata, es crucial que se respeten los derechos de estos inmigrantes a recibir protección y asistencia durante su proceso de solicitud de asilo. Este problema requiere una respuesta estructural y no solo medidas paliativas.
