El Gobierno de Sánchez ha implementado una nueva medida para gestionar la crisis migratoria que afecta a Canarias y Ceuta. Según la reciente reforma del artículo 35 quáter de la Ley Orgánica 4/2000, los menores extranjeros no acompañados (MENAs) que lleguen a estas regiones serán trasladados a otras Comunidades Autónomas en un plazo máximo de 15 días naturales desde su registro.
Esta decisión se fundamenta en la necesidad de aliviar la presión sobre Canarias y Ceuta, que actualmente albergan a 5.870 y más de 600 menores respectivamente, en condiciones que no permiten garantizar sus derechos. La medida busca evitar que la situación se agrave, considerando que el proceso de reubicación de los 4.400 menores inmigrantes ya registrados podría tardar hasta un año en completarse.
El decreto establece que la reubicación de los nuevos menas se realizará según criterios del Gobierno de Sánchez. El órgano competente de la Administración General del Estado será el encargado de decidir la ubicación de los menores en otras comunidades o ciudades autónomas. Aunque el texto legal no especifica claramente cuál es este órgano, se entiende que se refiere al Ministerio de Juventud e Infancia.
En caso de que no se alcance un acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano competente tomará la decisión final sobre la reubicación. Esta disposición ha sido criticada por el Partido Popular (PP), que considera que el decreto es una imposición del Gobierno central, previamente acordada con partidos nacionalistas.
El Partido Popular también ha señalado que los criterios de reparto han sido modificados para favorecer a ciertas regiones, como Cataluña y el País Vasco, en detrimento de otras comunidades gobernadas por el PP, que ya se encuentran saturadas. Según datos oficiales, Madrid atiende a más menas que Cataluña, a pesar de lo cual, el esfuerzo realizado por Madrid en los últimos años se ha visto menos recompensado en el reparto actual.
La aprobación de este decreto en el Congreso ha sido posible gracias a un acuerdo político que involucró a varios partidos, incluyendo al PNV y Junts, que lograron asegurar condiciones favorables para sus regiones. Este acuerdo ha permitido la convalidación del decreto, que reforma la Ley de Extranjería, y ha sido visto como una derrota para el Partido Popular, que no logró imponer su postura a pesar de gobernar en las regiones más afectadas.
