La Iglesia católica de España solicitó este lunes la regularización de medio millón de inmigrantes en el país. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha instado a un acuerdo entre el PSOE y el PP para facilitar la legalización de los extranjeros a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada el año pasado en el Congreso, la cual contaba con el respaldo de más de 600.000 firmas. Sin embargo, la ILP quedó en suspenso debido a la reforma del reglamento de la ley de extranjería.
Durante la inauguración de la 127 asamblea plenaria del episcopado, Argüello ha urgido a un gran pacto entre las dos principales fuerzas políticas para acoger a los inmigrantes indocumentados. «Invitamos a los dos grupos mayoritarios en las Cortes Generales a reunirse para abordar este problema y promover la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular», ha declarado Luis Argüello.
Para el líder de la Conferencia Episcopal, la regularización de los extranjeros representa un «acto de regeneración democrática». «Buscamos fomentar una alianza social que traiga esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una situación de incertidumbre que no beneficia a nadie», ha añadido.
Argüello ha subrayado que esta medida resolvería un conflicto que afecta a la dignidad y al bien común. Por ello, ha animado a los líderes políticos a «superar divisiones improductivas y abordar los problemas comunes desde diferencias legítimas, pero buscando puntos de encuentro». «Estamos dispuestos a proporcionar un medio que facilite el diálogo. En las próximas semanas, deseamos presentarles esta iniciativa y proponerles la posibilidad de un diálogo sobre el tema», ha afirmado.
Por otro lado, los obispos españoles han expresado su disposición a que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, supervise su proceso de reparación a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. «Hemos implementado un plan de prevención y reparación, asumiendo una obligación moral donde no exista una obligación legal en los casos verosímiles del pasado; incluso estamos abiertos a considerar una posible supervisión del Defensor del Pueblo en este proceso ya iniciado», ha declarado el líder episcopal.
Luis Argüello ha reconocido la «grave y singular responsabilidad espiritual, moral y social» de la Iglesia frente a la «trágica y dolorosa realidad de los abusos sexuales, de poder y de conciencia que han ocurrido y siguen creciendo en la sociedad española». «No desaparecerán todos los comportamientos malvados que deseamos evitar y prevenir, porque el mal y el pecado persisten, pero el esfuerzo de prevención, la forma de abordar los casos y el compromiso de reparar a las víctimas ya forman parte de la vida y el compromiso eclesial», ha sostenido el prelado.
En su discurso, el prelado también ha analizado las consecuencias del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, calificándolo como «un factor catalizador para precipitar la ruptura del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial». El presidente de la jerarquía eclesiástica ha denunciado la guerra en Gaza y en otros lugares del mundo, «sin que la supuesta legalidad internacional intervenga». «Observamos, entre asombro e indiferencia, el sufrimiento humano causado por la fuerza bruta y ciega de las 'armas inteligentes'», ha lamentado. En este contexto, ha deplorado la corriente de pensamiento que, en nombre de la laicidad del Estado, relega a la intimidad las creencias religiosas.
Finalmente, menos de un centenar de personas se han manifestado frente a la Conferencia Episcopal para protestar contra el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno para resignificar el Valle de los Caídos. Con banderas de España y consignas de «obispos cobardes», los manifestantes han portado pancartas, una de las cuales mostraba una fotografía del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al lema: «Estos dos son los culpables de lo que le pase al Valle de los Caídos».
