Marruecos ha iniciado la demolición de numerosas viviendas, algunas pertenecientes a ciudadanos españoles, con el objetivo de desarrollar complejos turísticos de cara al Mundial de Fútbol de 2030. Los propietarios afectados no recibieron notificación previa ni compensación económica, y muchos vieron cómo sus hogares eran demolidos sin posibilidad de recuperar sus pertenencias. Este plan de renovación urbana ha impactado especialmente a las segundas residencias de residentes de Ceuta y Melilla, quienes han denunciado la falta de garantías y el trato arbitrario por parte de las autoridades marroquíes.
Las primeras demoliciones comenzaron a finales de 2023 en la costa atlántica y desde entonces se han extendido a la costa mediterránea. Zonas como la playa de Dalia, en la carretera entre Ceuta y Tánger, y localidades como Beliones, cerca de la frontera ceutí, han sido particularmente afectadas. También se han reportado desalojos forzosos en Charrana, en el cabo Tres Forcas, donde varias familias melillenses han perdido viviendas que datan de más de medio siglo.
El proceso de transformación urbana está financiado por inversiones del golfo Pérsico, con el objetivo de fortalecer la oferta hotelera del país bajo el denominado Proyecto 2035. Una autoridad local de Nador ha indicado que grandes cadenas internacionales han adquirido amplios terrenos a lo largo de la costa, desde Tetuán hasta Melilla. «La franja costera entre Melilla y Bouyafar ahora es conocida como la ciudad Baréin», señala, destacando la magnitud de las inversiones extranjeras.
Inicialmente, el gobierno marroquí se enfocó en desmantelar asentamientos informales y construcciones sin licencia. Sin embargo, con el tiempo, las demoliciones han incluido propiedades con permisos legales, dejando a muchos residentes sin opciones. «Hemos pagado impuestos y tenemos escrituras, pero solo nos dieron 48 horas para desalojar», lamenta un residente de Ceuta que tenía una casa en primera línea de playa cerca de la frontera de El Tarajal.
La controversia ha llegado al Parlamento marroquí, donde Abdellah Bouanou, líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), ha denunciado la arbitrariedad de los desalojos y la ausencia de compensaciones para los afectados. En una interpelación al ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, Bouanou exigió explicaciones sobre si estas acciones cumplen con las leyes urbanísticas 12.90 y 25.90, que regulan las construcciones y su demolición en Marruecos.
El ministro ha defendido que la demolición de edificaciones en terrenos públicos es parte de una estrategia de «control y eliminación de irregularidades urbanísticas». Según explicó, se están eliminando construcciones sin licencia en terrenos estatales, así como en áreas protegidas según los planes de ordenación territorial.
