Varios menas del centro de menores Casa de Campo presentaron denuncias en el mes de septiembre por haber sido víctimas de agresiones sexuales perpetradas por una educadora magrebí que trabajaba en el lugar. Los menas informaron de los incidentes a la dirección del centro, gestionado por la Fundación Antonio Moreno, la cual inició una investigación y notificó el caso a la Policía Nacional. Como resultado de estas acciones, una de las educadoras fue despedida y a otra no se le renovó el contrato al concluir su relación laboral.
Un mes después, varios empleados del mismo centro enviaron una carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en la que denunciaban «abusos sexuales» cometidos por otros trabajadores contra los menas residentes, según informó Diario Público.
Desde 2020, algunos trabajadores habían señalado la existencia de posibles relaciones sexuales consentidas entre el personal y los internos. Sin embargo, no fue hasta septiembre cuando se formalizó la primera denuncia. Un menor se presentó en la puerta del centro y relató que una educadora magrebí había intentado besarle y acosarle. Este mena, también de origen magrebí, aseguró haber visto a la misma trabajadora besándose con otro menor, a quien identificó por su nombre completo, y entrando repetidamente en su habitación. Además, afirmó que la educadora mantenía relaciones sexuales nocturnas con otro menor, también identificado, y que utilizaba WhatsApp e Instagram para comunicarse con otros tres menores, a quienes también delató. El mena informó de estos hechos a la dirección del centro, expresando su negativa a «someterse a los deseos de la trabajadora».
La directora del centro interrogó a los empleados sobre el comportamiento de la educadora en cuestión, y estos confirmaron que había actuado de manera inapropiada, como dejar las llaves de los módulos a los menores, ausentarse de su puesto durante la noche y permitir que varios menores se acercaran a ella y la tocaran de manera inapropiada. La directora presentó una denuncia contra la educadora y adjuntó informes internos firmados por los propios trabajadores.
La Comunidad de Madrid informó ayer que la entidad gestora del centro de acogida Casa de Campo tomó la decisión de despedir de manera inmediata a una mediadora intercultural en septiembre de 2024, tras conocerse que había mantenido «contactos inapropiados de contenido sexual, que podían ser constitutivos de delito, con dos de los menas del centro, mayores de 16 años». La Comunidad de Madrid añadió que «el despido y las actuaciones llevadas a cabo se produjeron de forma inmediata en el mes de septiembre, antes del escrito presentado en octubre por unos profesionales del centro».
La Policía Nacional abrió una investigación, pero no tomó medidas cautelares contra la educadora. La Comunidad de Madrid solicitó información sobre los hechos y abrió diligencias informativas. Además, se proporcionó intervención terapéutica y apoyo social a los dos menas que supuestamente habían sido víctimas de abusos.
Dos trabajadores del centro señalaron que llevaban tiempo advirtiendo a la Administración sobre la necesidad de cerrar «este recurso porque no es un centro adecuado para este perfil tan conflictivo de menores».
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, solicitó ayer a la Comunidad de Madrid «más transparencia» sobre los centros de menores que gestiona, ante la «reiterada aparición de problemáticas» relacionadas con estas instalaciones «tan delicadas».
