El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha implementado medidas estrictas en los Centros de Internamiento Temporal para Inmigrantes (CETI) y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en las Islas Canarias. Entre estas medidas, se ha prohibido la inclusión de envases de vidrio en los menús, con el objetivo de evitar que los inmigrantes puedan utilizarlos como objetos contundentes para agredir.
El contrato de suministro de raciones alimenticias, valorado en 64.000 euros, abarca los centros de Las Palmas y Tenerife. Las directrices nutricionales establecidas por Marlaska exigen que las raciones sean variadas, equilibradas y suficientes, con una distribución adecuada de macronutrientes, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Además, se deben considerar las restricciones dietéticas impuestas por diversas creencias religiosas y ofrecer menús específicos para personas celíacas.
En cuanto a la seguridad, los menús deben estar libres de huesos y espinas, y solo se permitirán cubiertos específicos que no puedan ser utilizados como armas. Los envases de las bebidas en los desayunos deben ser herméticos y flexibles, evitando cualquier material que pueda ser usado para agredir o autolesionarse, como vidrio, chapas o pajitas.
Situación de inseguridad en los CETI
Tras una agresión múltiple ocurrida el 4 de diciembre en el CETI de Ceuta, los sindicatos han exigido medidas más firmes para manejar a los residentes problemáticos y prevenir futuros incidentes. CCOO Ceuta ha señalado que este no es un caso aislado y que los trabajadores del centro han estado lidiando con actitudes violentas de una pequeña parte de los inmigrantes, lo que ha generado un clima de inseguridad.
Por su parte, UGT Ceuta ha subrayado la alta tensión que se vive en el centro, con un elevado riesgo de que la situación derive en violencia. El sindicato urge a las autoridades a tomar medidas contundentes para garantizar la seguridad en el CETI.
El sindicato Solidaridad ha lamentado la falta de medidas preventivas por parte de la dirección del centro, especialmente considerando que el responsable de la agresión ya había protagonizado varios altercados previos, evidenciando su agresividad. Solidaridad exige la expulsión de los residentes problemáticos a sus países de origen para evitar una sensación de impunidad y pide que los vigilantes de seguridad sean reconocidos como agentes de la autoridad, considerando su labor como una profesión de riesgo.
