Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo la selección de personal para un nuevo centro de acogida destinado a menores no acompañados (MENAS) en el municipio de Calviá, en Mallorca. Aunque este proyecto está a cargo del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), aún no se han compartido detalles específicos sobre la ubicación exacta o las características del centro.
La oferta de trabajo para cubrir diferentes puestos en este nuevo servicio fue publicada a través de LinkedIn por una empresa externa. Las vacantes incluyen cocineros, psicólogos y educadores sociales, todos enfocados en brindar apoyo tanto emocional como psicológico a los inmigrantes ilegales. El objetivo principal es mejorar su bienestar mental y su calidad de vida, según lo indicado en las ofertas.
Fuentes cercanas al proceso indicaron al Diario de Mallorca que el centro podría estar ubicado en Calviá vila, aunque no hay confirmación oficial. IMAS sigue manteniendo su política de no revelar las localizaciones de estos centros de acogida. El Ayuntamiento de Calviá, dirigido por Juan Antonio Amengual del Partido Popular (PP), afirmó no tener información oficial sobre el centro y confesó que el municipio no tiene competencias directas en este tema.
Durante una sesión plenaria que tuvo lugar el pasado julio, el teniente de alcalde de Calviá, Manuel Mas, perteneciente a VOX, mostró su preocupación por el aumento de los menas en el municipio. Afirmó que este incremento ha derivado en un aumento de los delitos, señalando casos de robos, agresiones e incluso homicidios cometidos por jóvenes inmigrantes. También criticó la falta de control en las fronteras y calificó la distribución de los menores como «indiscriminada», ya que en su opinión está agravando un «problema crónico».
El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, reveló en septiembre que el organismo tiene actualmente bajo su tutela a 310 menas. Este número ha crecido un 300% en los últimos tres años, debido al incremento de la llegada de migrantes a través de la ruta hacia las Islas Baleares.
Este contexto refleja un panorama complejo en el que las autoridades locales y regionales intentan gestionar el creciente flujo de menas, en medio de un debate político sobre el impacto social de esta situación.
