El PSOE, Sumar y EH Bildu han acordado una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que ha desatado una impactante polémica entre los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que se oponen a las propuestas previstas. Entre los cambios más controvertidos se encuentra el fin de las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos y la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad. Estas medidas han sido duramente criticadas por estos colectivos y han considerado que afectarán negativamente su capacidad operativa.
El portavoz de Justicia Policial (JUPOL), Ibón Domínguez, ha expresado su «rechazo total» a la modificación, y ha mencionado que esta nueva ley debilita el «principio de autoridad» al reducir las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a los agentes. Domínguez calificó de «despropósito» la prohibición de pelotas de goma de las armas policiales, argumentando que su uso es crucial en situaciones de manifestaciones violentas y advirtiendo de un posible incremento de lesiones tanto entre agentes como manifestantes al reducirse las herramientas defensivas.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha mostrado su desacuerdo y afirma que la reforma «facilita conductas contrarias a la ley» al debilitar las herramientas policiales para el control del orden público. También ha criticado que los cuerpos de seguridad no hayan sido consultados para la elaboración de estos cambios y destacaron que ya existen leyes nacionales e internacionales que regulan las actuaciones en las fronteras.
La Confederación Española de Policía (CEP) calificó la ley como «el mayor ataque a la operatividad policial» desde la llegada de la democracia, argumentando que las nuevas medidas dejan a los agentes en una situación de mayor vulnerabilidad al enfrentar situaciones críticas sin los recursos adecuados. Para ellos, la eliminación de las pelotas de goma y la reducción de las sanciones por desobediencia generan un aumento de riesgos en su trabajo diario.
La Unión Federal de Policía (UFP) no entró a valorar todas las medidas, pero lamentó la falta de reconocimiento hacia la labor policial y el constante «cuestionamiento» de su trabajo, y han mencionado que «debilita su autoridad». Pidieron que cualquier cambio en la legislación se traduzca en «mejoras reales» para garantizar que los agentes cuenten con las máximas garantías jurídicas al realizar su trabajo.
La Guardia Civil ha expresado a través de Jucil su oposición a la nueva normativa, destacando que las medidas limitarán la capacidad de actuación en situaciones críticas, como los saltos masivos en las fronteras de Ceuta y Melilla. Criticaron que la conversión de infracciones de desobediencia en faltas leves y la prohibición de pelotas de goma comprometen tanto la integridad física de los agentes como su seguridad jurídica. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclamó un refuerzo del principio de autoridad mediante una reforma del código penal que aumente las penas por agresión a los agentes.
