La tensión y la violencia en el Centro Penitenciario de Zuera, ubicado en Zaragoza, han alcanzado nuevos niveles tras las recientes agresiones protagonizadas por dos jóvenes reclusos de origen marroquí. Estos episodios han vuelto a activar las alarmas sobre la seguridad dentro de la instalación, considerada una de las más problemáticas del país.
El primer ataque ocurrió el pasado viernes, cuando un recluso de 18 años, en un módulo de alta conflictividad, sufrió un brote psicótico y se volvió extremadamente violento. Este joven es bastante conocido por su historial de problemas con el personal, y en esta ocasión atacó a los funcionarios con un palo de escoba. Tras atrincherarse en su celda, se autolesionó y lanzó objetos contra los funcionarios. Al intentar contenerlo, uno de los funcionarios recibió un fuerte golpe que le causó una fractura de mandíbula y la pérdida de dos dientes.
El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), con gran presencia en las instituciones penitenciarias, denuncia la impunidad de estos actos y critica la falta de medidas contundentes por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Según el sindicato, la ausencia de castigo con régimen cerrado para agresiones motivadas por problemas mentales puede fomentar un «efecto llamada a la violencia».
El segundo episodio de violencia tuvo lugar el sábado siguiente, en otro módulo conflictivo de la prisión. Un recluso marroquí, previamente sancionado por otro incidente, se negó a seguir las indicaciones de una funcionaria durante la cena. Tras colarse en la fila del comedor y ser reprendido, el recluso reaccionó con insultos machistas y amenazas de muerte antes de abalanzarse sobre la funcionaria. La intervención de otros internos ayudó a contener la situación.
Los funcionarios de prisiones, a través de TAMPM, han comunicado que se sienten muy preocupados por la creciente violencia y el cambio en el perfil de los agresores. Señalan que la falta de personal y la eliminación del régimen cerrado por parte del Ministerio del Interior agravan la situación. Además, critican la presión constante de instituciones como el Defensor del Pueblo, que parece presuponer culpa en los funcionarios.
El sindicato también destaca la necesidad de que los funcionarios sean reconocidos como agentes de la autoridad, lo cual podría mejorar su protección legal y económica en casos de agresión. Actualmente, si un recluso se declara insolvente, los funcionarios deben asumir los costos médicos derivados de las lesiones sufridas en el trabajo.
