La ONG Horizonte Sin Fronteras (HSF) ha denunciado que más de 300 patrones de cayucos senegaleses permanecen en cárceles marroquíes con condenas que superan los 10 años de prisión en muchos casos. Según su presidente, Boubacar Sèye, estos inmigrantes fueron detenidos intentando alcanzar Canarias y enfrentan acusaciones relacionadas con inmigración ilegal. HSF ha pedido al rey Mohamed VI un indulto real y ha solicitado al presidente de Senegal que interceda por sus ciudadanos encarcelados.
El Ministerio del Interior español informó que más de 32.800 inmigrantes han llegado al archipiélago entre enero y octubre de este año, un 39,7% más que en 2023. La mayoría proviene de Senegal y Mauritania, según datos de Frontex, que identifica esta ruta como la más activa actualmente. En contraste, otras rutas como la del Mediterráneo central han registrado una significativa disminución.
Los patrones de embarcaciones enfrentan penas particularmente duras en Marruecos, con condenas de hasta ocho años. Según el jurista Daniel Arencibia, algunos de ellos son inmigrantes que se ven obligados a actuar como patrones para financiar su viaje. Estas penas severas no se replican en otras regiones, como España, donde suelen ser repatriados tras cumplir sanciones menores.
Senegal está revisando sus relaciones con la Unión Europea tras la decisión de Bruselas de no renovar el acuerdo de pesca. Desde el 17 de noviembre, los barcos europeos han abandonado las aguas senegalesas, lo que ha tensado aún más las relaciones bilaterales.
El primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, ha mencionado que busca establecer medidas de reciprocidad en los visados y un control más estricto sobre los extranjeros en Senegal. Esta estrategia se enmarca en una política migratoria más firme que también tiene como objetivo frenar la emigración irregular.
En 2021, el presidente de Horizonte Sin Fronteras, Boubacar Sèye, fue arrestado en Senegal por criticar la gestión de los fondos europeos destinados a frenar la inmigración ilegal. Este caso evidenció las tensiones entre las organizaciones de derechos humanos y el gobierno senegalés en un contexto de creciente presión migratoria.
