Una reciente investigación llevada a cabo por expertos y organizaciones medioambientales ha sacado a la luz el uso continuado de redes de deriva ilegales por parte de embarcaciones marroquíes en el mar de Alborán. Este enclave mediterráneo es clave por su biodiversidad y alberga especies marinas extremadamente vulnerables, que se ven gravemente amenazadas por estas prácticas. Según la ONG Environmental Justice Foundation (EJF), estas actividades no solo violan normativas internacionales y regionales, sino que también contribuyen a la destrucción de hábitats marinos esenciales.
Las redes de deriva pueden extenderse durante kilómetros y así capturar indiscriminadamente a todos los organismos marinos que encuentran en su camino. Aunque su objetivo principal es pescar especies como el pez espada, también atrapan tortugas, tiburones y ballenas, causando un impacto devastador en los ecosistemas. Además, cuando estas redes se abandonan en el mar, se convierten en «redes fantasma» que matan a numerosas criaturas y agravan la contaminación por plásticos.
Pese a estar prohibidas por la legislación internacional y por Marruecos, el informe de la EJF apunta a un aumento en el uso de estas redes. Según la organización: «En abril de 2024 se identificaron redes en puertos marroquíes y embarcaciones activas tanto en aguas marroquíes como en las españolas del mar de Alborán». La investigación también alerta de un incremento significativo en el tamaño de la flota de redes ilegales, lo que intensifica la presión sobre la pesca y los ecosistemas marinos.
Los pescadores murcianos alzan la voz
El presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, denuncia la permisividad de las autoridades marroquíes: «Aquí está prohibido, pero ellos hacen lo que quieren». Navarro también destaca una situación que considera injusta en cuanto al comercio de pescado. «Nosotros cumplimos con las normativas estrictas, como pescar pescadilla de más de 20 centímetros, mientras ellos inundan el mercado con pescado que no cumple los estándares, y parece que nadie les dice nada».
Aunque los pescadores murcianos no faenan en el mar de Alborán, recalcan la gravedad de estas prácticas ilegales: «Estas redes arrasan con todo, desde los peces que buscan hasta delfines o tortugas», añade Navarro, quien critica además la falta de acción por parte del Gobierno español frente a esta problemática.
La región pide medidas
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Sara Rubira, ha solicitado al Ministerio de Agricultura la realización de estudios sobre el impacto social y económico que las medidas actuales tienen en el sector pesquero, y aseguró: «Es fundamental contar con datos actualizados y objetivos para ajustar las políticas que afectan al Mediterráneo».
La consejera también ha pedido que el Gobierno trabaje en un reparto equitativo del Total Admisible de Capturas (TAC) de la gamba roja en 2025 y que se facilite un incremento en los cupos de anguila en el Mar Menor. Estas demandas buscan paliar la difícil situación que enfrentan los pescadores locales y garantizar la sostenibilidad del sector.
Un uso en aumento
El director de la EJF, Steve Trent, alertó sobre el aumento alarmante en el uso de redes de deriva en Marruecos. Según los datos registrados, la cantidad de embarcaciones que utilizan estas redes se ha más que duplicado en las últimas dos décadas, pasando de 370 en 2004 a 846 en 2024, y declaró que: «Esto pone en peligro no solo la biodiversidad del mar de Alborán, sino también los esfuerzos internacionales por proteger el Mediterráneo».
La organización ha instado a Marruecos a intensificar la vigilancia y a cooperar con la Unión Europea para ofrecer alternativas sostenibles a los pescadores que aún dependen de estas prácticas ilegales. «Es esencial proteger el océano, la fauna marina y las comunidades costeras que dependen de él», advirtió la EJF.
La investigación también demuestra que la alta demanda de pez espada, especialmente en mercados internacionales, está impulsando el uso de estas redes. Los pescadores marroquíes reconocen los daños ecológicos, pero insisten en la necesidad de apoyo financiero y técnico por parte del Gobierno para implementar métodos de pesca más sostenibles.
