Un jurado popular juzgará a partir del 3 de febrero de 2025 a un preso de nacionalidad marroquí, acusado de asesinar a su compañero de celda en la prisión Sevilla II, ubicada en Morón de la Frontera, Sevilla. La Fiscalía solicita una condena de 19 años y 11 meses de prisión, además de una indemnización de casi 198.000 euros para la familia de la víctima.
El acusado es un inmigrante ilegal de origen marroquí y compartía celda con el fallecido cuando ocurrieron los hechos, el 28 de febrero de 2023. Según la acusación, el presunto homicida atacó a su compañero tras el almuerzo, mientras este escribía una carta a sus familiares. Aprovechando el momento de distracción, lo habría asfixiado con las manos y un cordón antes de colgarlo de la litera.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado que el juicio comenzará con la constitución del jurado popular y la declaración del acusado, identificado como O.E.K. Los días posteriores se recogerán los testimonios de los testigos y las declaraciones de los peritos, clave para esclarecer el caso.
La Fiscalía sostiene que la agresión fue planificada, ya que el acusado, con la intención de acabar con la vida de su compañero, actuó de forma sorpresiva y repentina, impidiéndole cualquier oportunidad de defensa. Según el relato, tras dejarlo inconsciente, lo colgó de la litera con un cordón, causándole la muerte por asfixia mecánica.
El Ministerio Público recalca que el ataque ocurrió en un contexto en el que la víctima no podía prever el peligro. Las celdas estaban cerradas automáticamente, lo que eliminaba cualquier posibilidad de huida, y la agresión se produjo en un entorno que la víctima percibía como seguro, compartido habitualmente con el acusado.
Además de la Fiscalía, la pareja sentimental, el hermano y la madre de la víctima se han personado en el caso como acusación particular, reclamando justicia para el fallecido y apoyo para la familia tras la tragedia.
La pena solicitada por el Ministerio Público incluye el cumplimiento íntegro de la condena, dado lo que califica como «la gravedad del delito cometido y la odiosidad de los hechos». Por su parte, la defensa del acusado intentará desmontar esta versión durante el juicio.
