Un nuevo caso de okupación ilegal ha conmocionado a la ciudad de Gerona, dejando a Jordi Riera y su familia en una situación de absoluta impotencia. La vivienda es propiedad de la familia desde hace años y fue tomada por un grupo de inmigrantes marroquíes, quienes consiguieron quedarse en el inmueble mostrando un simple vídeo donde se les veía cocinando, según ha informado El Caso.
Todo comenzó cuando Jordi y su familia acudieron a su vivienda, que llevaba meses cerrada mientras esperaban la licencia municipal para iniciar unas reformas. Al llegar, encontraron que la casa había sido forzada en un intento de okupación previo. Mientras inspeccionaban los daños, un grupo de hombres apareció en el lugar e intentó entrar por la fuerza y, al no lograrlo, comenzaron a amenazarlos. Alarmados, Jordi llamó a la policía para solicitar ayuda.
La actuación policial y el vídeo de los okupas
Para sorpresa de la familia, la intervención policial no solo no les ayudó, sino que permitió a los okupas acceder a la vivienda. Una vez dentro, los okupas celebraron el hecho aplaudiendo frente a los legítimos propietarios. Los agentes informaron a Jordi de que si insistían en permanecer en la casa, podrían ser acusados de allanamiento de morada. Los okupas portaban documentación marroquí y teléfonos de alta gama, y utilizaron un vídeo en el que cocinaban en la vivienda como única prueba para legitimar su presencia.
Más incertidumbre durante la noche
Durante esa misma noche, vecinos de la zona informaron a la familia de ruidos provenientes del interior de la casa, lo que incrementó su preocupación: «Nos han dicho que incluso podría haber entrado más gente. Ahora mismo no sabemos qué ocurre dentro de nuestra propiedad».
Barreras burocráticas y falta de apoyo institucional
La situación de Jordi y su familia se agravó cuando intentaron denunciar los hechos. Tras presentar la denuncia en el juzgado de guardia, se enteraron de que el atestado policial tardaría días en llegar al tribunal. Además, descubrieron que los Mossos d’Esquadra solo trasladan casos de okupación al juzgado los miércoles, lo que ralentizó aún más el proceso.
Frustración por la indiferencia de algunos vecinos
La falta de solidaridad de algunos vecinos ha sido otro golpe para la familia. «Nos han llegado a decir que si no molestan, no pasa nada», explica Jordi. Además, asegura haber recibido comentarios que critican haber llamado a la policía, a pesar de las amenazas sufridas. Esta falta de empatía ha aumentado el dolor de una experiencia que les ha dejado sin su hogar y sin seguridad.
Una legislación que favorece a los ocupantes
Jordi critica duramente la legislación actual, que según él, da prioridad a los derechos de los okupas frente a los de los propietarios: «La ley es absurda y ridícula. Los okupas saben que, aunque los desahucien, difícilmente enfrentan consecuencias legales y nosotros terminamos asumiendo todos los costes».
Apoyo en redes sociales y reacciones políticas
Desesperado, Jordi recurrió a las redes sociales para pedir ayuda y compartir su caso. «¿Qué más podemos hacer?», escribió. Su historia ha generado apoyo, y algunos ciudadanos han comenzado a organizar protestas frente a la casa para presionar a los okupas a marcharse.
Un problema que requiere reformas urgentes
El caso de Jordi Riera ha puesto de manifiesto las graves deficiencias del sistema legal en España para tratar las okupaciones ilegales. Desde Junts y Aliança Catalana han exigido cambios legislativos para garantizar la protección de la propiedad privada. Mientras tanto, el alcalde de Gerona, Lluc Salellas (CUP), se ha comprometido a investigar la actuación policial y a redactar un protocolo para abordar este tipo de situaciones, aunque admitió que tomará tiempo.
