La Policía Nacional ha llevado a cabo la expulsión de un marroquí de 53 años, residente en Mataró (Barcelona), debido a su implicación en actividades terroristas vinculadas al Estado Islámico (Daesh). Tras su detención y traslado por tierra al aeropuerto de Madrid, fue deportado en un vuelo con destino a Casablanca.
Este individuo ya había sido arrestado en 2018 por la Guardia Civil, junto a otro sospechoso, al descubrirse su participación en una célula yihadista salafista operativa en Cataluña. La investigación, iniciada en 2015 a raíz de una comisión rogatoria de Marruecos, demostró su papel en la captación de muyahidines para enviarlos a Siria, así como sus conexiones con diversos miembros de células yihadistas.
En aquel momento, el ahora expulsado trabajaba como peluquero en Mataró, utilizando su negocio y reuniones en domicilios privados de Mataró, Barcelona y Tarragona para adoctrinar y reclutar combatientes para el Estado Islámico.
A finales de 2019, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras inició un procedimiento sancionador contra él, basado en una denuncia previa de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, por actividades que atentaban contra la seguridad nacional.
Tras quedar en libertad provisional en 2022, regresó a Mataró, donde fue objeto de una estrecha vigilancia por parte de la Brigada Local de Información de Mataró, con el objetivo de prevenir cualquier recrudecimiento de su radicalismo islámico.
La Comisaría Local de Mataró revocó su autorización de residencia al descubrir que el cuñado del expulsado había viajado a Siria para unirse al Daesh, donde falleció en combate.
Evaluando el peligro real que representaba este «activo», y tras múltiples gestiones, la Audiencia Nacional autorizó su expulsión. Se implementó un dispositivo policial coordinado para su localización, detención y traslado a Madrid, culminando con éxito su deportación a mediados de febrero a Casablanca, Marruecos, con una prohibición de entrada en el espacio Schengen por diez años.
Las expulsiones cualificadas son un objetivo estratégico de la Policía Nacional, especialmente aquellas que involucran a ciudadanos con vínculos terroristas y radicalización profunda, considerados «activos» de alta peligrosidad para la seguridad nacional. Esta decisión se fundamenta en la Ley de Extranjería, dada la amenaza que representa para la seguridad nacional por sus postulados salafistas.
