El nuevo acuerdo entre el Gobierno y la mano política de ETA (EH Bildu) incluye una reforma de la ley de seguridad ciudadana. Esta modificación se centra en eliminar el uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad en sus intervenciones.
La reforma pretende acabar con la discrecionalidad en la aplicación de sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. También establece un plazo de seis meses para cambiar la Ley de Extranjería con el fin de detener las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera con Marruecos.
Los agentes consideran que las sanciones más leves por faltas de respeto y desobediencia los debilitarán en su labor diaria. Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), esta ley parece estar redactada en contra de los policías y no para facilitar su trabajo.
JUPOL ha expresado su malestar señalando que no se puede modificar una ley de seguridad sin consultar a los profesionales afectados. Han enfatizado que pactar con un partido liderado por un terrorista solo genera inseguridad y dificultará su trabajo en la calle.
La AUGC también ha criticado al Gobierno por atar de manos a los guardias civiles. En un contexto donde las agresiones aumentan, consideran que necesitan herramientas para actuar con seguridad.
Por otro lado, la Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para ellos, la eliminación de las pelotas de goma es el mayor golpe a la operatividad de los profesionales de seguridad pública desde el inicio de la democracia.
Las diversas organizaciones policiales coinciden en que esta reforma solo favorece a los delincuentes y a los manifestantes violentos. Han señalado que, lejos de mejorar la seguridad, debilitará la autoridad de los agentes en la calle.
