Este martes, un grupo significativo de agentes de policía se manifestó frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona para oponerse a la transferencia de las competencias de inmigración a los Mossos d'Esquadra. Esta medida, exigida por Junts y negociada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha generado un fuerte descontento entre los cuerpos de seguridad.
La protesta fue organizada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y fue respaldada por miembros del Vox y el Partido Popular (PP). Durante el evento, los manifestantes expresaron su preocupación por lo que consideran una amenaza grave a la seguridad nacional. La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, leyó un manifiesto en el que criticó duramente la situación de los agentes en Cataluña, describiéndola como un «infierno» debido a las presiones de los socios independentistas del Gobierno.
Mónica Gracia también denunció las continuas interferencias en el trabajo policial, atribuyéndolas al uso político que se hace de la Policía Nacional. El SUP ha anunciado que recurrirá a la vía judicial para detener lo que consideran un «atropello al Estado de derecho». Según un informe jurídico encargado por el sindicato, la transferencia completa de las competencias de inmigración no tiene precedentes en ningún país del mundo, ni siquiera en los Estados más centralizados.
El informe señala que tal decisión no solo violaría la Constitución española, sino también el Derecho Comunitario y afectaría la soberanía nacional. En el contexto del derecho comparado, ningún Estado miembro de la Unión Europea ni fuera de ella ha transferido integralmente la competencia de inmigración a una entidad subnacional. Incluso en modelos confederales como el de Suiza, el control de la inmigración y las fronteras sigue siendo competencia exclusiva del Gobierno federal.
Mónica Gracia subrayó que la decisión que el Gobierno está negociando con Junts vulnera no solo la Ley de Extranjería, sino también la legislación europea. Aseguró que el SUP está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias para defender la presencia de la Policía Nacional en Cataluña, advirtiendo que la seguridad de todos los españoles está en juego.
La protesta también contó con la presencia del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, quien lamentó que el separatismo, con la complicidad del Gobierno, busca la expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil de la región. Fernández calificó la posible transferencia de competencias como una decisión anticonstitucional y peligrosa, y anunció que el PP agotará todos los recursos legales y políticos para oponerse a ella.
Sergio Macián, portavoz de Vox en el Parlamento catalán, también denunció la cesión de competencias, argumentando que afecta la soberanía nacional y que es una medida exclusiva del Estado. Macián aclaró que su oposición no es un ataque contra los Mossos d'Esquadra, sino una crítica directa al Gobierno de Sánchez e Illa, que, según él, buscan mantenerse en el poder a cualquier costo.
