El Congreso de los Diputados de España ha dado un paso adelante en la reforma gubernamental destinada a modificar el procedimiento de determinación de la edad de los menores inmigrantes no acompañados, al rechazar este jueves las enmiendas de devolución presentadas por el Partido Popular (PP) y VOX. Esta decisión permite continuar con el proceso legislativo de un proyecto que busca proteger y garantizar los derechos de estos menores.
Durante el debate, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó su sorpresa ante la presentación de enmiendas a la totalidad por parte de PP y VOX, cuestionando la preocupación de estos partidos sobre la intervención judicial en la determinación de la edad de los menores. Bolaños subrayó que el núcleo de la democracia reside en los derechos, no en la exclusión o la crueldad hacia los más vulnerables.
Bolaños también defendió que los proyectos de ley aprobados buscan cumplir con las recomendaciones internacionales para proteger los derechos de los menores durante estos procesos. Sin embargo, los socios del PSOE en el gobierno han manifestado dudas sobre la reforma.
Desde el PP, Sofía Acedo criticó la reforma del Ejecutivo, señalando sus «deficiencias» y «carencias», especialmente en un contexto de crisis migratorias. Acedo argumentó que el procedimiento propuesto, sin plazos claros, delimitación de actuaciones y financiación adecuada, no garantizará ni los derechos ni la protección de los menores. Además, advirtió sobre la sobrecarga que esta reforma supondrá para los sistemas de protección autonómica y los juzgados de familia.
Por su parte, Francisco Javier Ortega de VOX calificó la reforma como una «trampa» destinada a «blanquear» el problema de la migración irregular. Ortega advirtió que los proyectos de ley generarán un colapso en los juzgados, ya sobrecargados, y aumentarán la litigiosidad y la ineficacia operativa. También señaló que la indeterminación de la edad podría incrementar la delincuencia y la inseguridad, así como el «efecto llamada».
La socialista Emilia Almodóvar acusó al PP de «mercadear» con los derechos de los menores y de no presentar una alternativa viable, limitándose a solicitar fondos para sus comunidades autónomas.
Nahuel González, de Sumar, instó a no dejar el futuro de los menores en manos de quienes desprecian los derechos de la infancia, subrayando la necesidad de proteger a cada menor inmigrante y combatir el racismo.
Martina Velarde, de Podemos, consideró importante la reforma, aunque la calificó de «mejorable», advirtiendo que en algunos aspectos podría empeorar la situación actual. Anunció que presentarán enmiendas para garantizar la tutela judicial efectiva de los menores y adaptar el texto a situaciones específicas, como la de Canarias.
Cristina Valido, de Coalición Canaria, expresó su preocupación por las posibles demoras que la reforma podría generar, solicitando que se considere la situación excepcional de los territorios fronterizos y la saturación de los centros.
Mikel Legarda, del PNV, sugirió que la implementación del nuevo modelo debería ser gradual, comenzando en territorios con menor sobrepoblación de menores extranjeros no acompañados.
Josep Pagés, de Junts, y Jordi Salvador, de ERC, advirtieron que, sin recursos económicos suficientes para financiar los recursos humanos y técnicos necesarios, la reforma podría tener efectos contrarios a su objetivo de proteger a los menores. Salvador también criticó que la reforma podría fomentar la desconfianza sistemática hacia los niños inmigrantes.
