El sacerdote identificado como Q.D.N.N., quien ejercía su ministerio en Valverde del Camino, Huelva, fue expulsado de España en enero de 2025 tras ser condenado por abusos sexuales. La sentencia, emitida por la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 10 de mayo de 2023, confirmó que el religioso abusó sexualmente de la nieta de su entonces pareja sentimental, una niña de tan solo 9 años.
Los hechos ocurrieron entre abril y agosto de 2020, cuando el cura accedió al domicilio de su pareja y de la menor. Aprovechando su relación con la abuela, y sin emplear violencia ni intimidación, logró que la niña se acostara en una cama. Posteriormente, con ánimo libidinoso, le quitó la ropa y le chupó los pechos, instándola a no contárselo a su abuela.
El propio sacerdote confesó los hechos, lo que llevó a un acuerdo con la Fiscalía reflejado en la sentencia. Esta confesión permitió a la Fiscalía reducir sus demandas iniciales y reformular su escrito de acusación. Como resultado, solicitó una pena de dos años de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor de 16 años, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante la condena y cinco años adicionales como medida de seguridad.
Sin embargo, la Audiencia Provincial decidió suspender la ejecución de la pena, evitando así el ingreso del sacerdote en prisión, dado que la condena no superaba los dos años. También se rechazó la expulsión del país como medida sustitutiva de la pena, ya que el cura solicitó permanecer en España y la Fiscalía respaldó esta decisión. La pena de prisión se dejó en suspenso durante dos años, condicionada a que el condenado no cometiera nuevos delitos ni incumpliera la orden de alejamiento.
Finalmente, el pasado 30 de enero de 2025, el sacerdote fue expulsado de España. Fuentes judiciales sugieren que podría haber incumplido la sentencia, lo que llevó a la revocación de la suspensión de la pena. El Obispado de Huelva, que no tuvo conocimiento del delito ni del procedimiento judicial hasta el mes pasado, conoció la sentencia el 5 de febrero. Desde la institución religiosa expresaron su «profundo dolor por estos lamentables sucesos» y reiteraron su compromiso con la Iglesia para erradicar estos delitos.
El Obispado abrió un expediente canónico sancionador contra el condenado, recopilando los datos probados en la sentencia para enviarlos lo antes posible al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo eclesiástico competente en estos casos. Además, el Obispado se ha puesto en contacto con las autoridades judiciales y policiales para colaborar plenamente en el caso.
