La Unión Europea (UE) trabaja en nuevas estrategias legales para frenar la llegada de inmigrantes ilegales a territorios como España. Una de estas medidas es la denominada «ficción de la no entrada», que permite a los Estados denegar la entrada legal de nacionales de terceros países a su territorio, aunque estos ya se encuentren físicamente presentes, hasta que reciban autorización formal por parte de las autoridades de inmigración.
Este concepto se basa en la idea de que los solicitantes de asilo deben pedir protección en el primer país seguro que atraviesen tras huir de su lugar de origen. La Convención sobre Refugiados respalda esta interpretación, que ya se aplica en diversos contextos fronterizos en la UE.
Canarias y la crisis migratoria
En 2023 y 2024, Canarias registró la llegada de más de 87.000 inmigrantes desde África. Este inicio de 2025 mantiene esta tendencia con 3.429 inmigrantes llegados hasta el 21 de enero. Además, las islas albergan actualmente a más de 5.600 menores no acompañados bajo tutela autonómica. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, busca apoyo europeo para financiar planes formativos en los países de origen de estas migraciones.
¿Qué es la «ficción de la no entrada»?
La «ficción jurídica de la no entrada» ya se utiliza en zonas de tránsito de aeropuertos internacionales. Bajo esta práctica, los inmigrantes no son considerados dentro del territorio del país de destino hasta superar los controles migratorios. Alemania, desde 2018, amplió este concepto a cruces terrestres y otros Estados han seguido este ejemplo.
Críticas y riesgos asociados
Este mecanismo ha sido criticado por ONG's y activistas de derechos humanos, que alertan del riesgo de devoluciones ilegales. La «ficción de la no entrada» puede limitar los derechos de los solicitantes de asilo, dificultando su acceso a procedimientos de protección. En casos extremos, se corre el riesgo de incumplir el principio de no devolución, que prohíbe el retorno de personas a lugares donde puedan enfrentar peligros graves.
Nueva legislación en camino
Magnus Brunner, nuevo comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, ha prometido presentar una nueva ley de deportaciones en sus primeros 100 días. Esta iniciativa reemplazará la Directiva de Retorno de 2008 con un reglamento de aplicación directa en todos los Estados miembros. El objetivo es armonizar los procedimientos de devolución y agilizar las decisiones sobre inmigración irregular.
Centros de retención: ¿parte de España o no?
Los centros de retención en las fronteras exteriores de la UE, como los de Canarias, no se considerarán territorio nacional bajo la «ficción de la no entrada». Aquellos rechazados en procedimientos acelerados permanecerán en estas instalaciones hasta su deportación. Este modelo ya se aplica en Chipre y otros países europeos.
El caso de los retornos voluntarios
La UE también fomenta programas de retorno voluntario, especialmente en los países de tránsito. Por ejemplo, Bulgaria ha modificado su legislación para emitir simultáneamente decisiones de rechazo y devolución.
Países seguros y su impacto
La propuesta de una lista de «países de origen seguros» es otro elemento clave en estas reformas. Mientras países como Alemania y Grecia ya tienen listas extensas, en España este concepto no es común. Sin embargo, adoptar estas medidas podría afectar regiones como Gran Canaria.
Crítica de la devolución indirecta
Las devoluciones a terceros países, como Mauritania o Turquía, generan preocupación. Los activistas señalan que estas devoluciones pueden violar los derechos humanos si conducen a situaciones de riesgo para los inmigrantes.
El papel del tercer país seguro
El concepto de «tercer país seguro» presupone que los solicitantes podrían haber pedido asilo en un país previo considerado seguro. Sin embargo, esto también enfrenta críticas, ya que no siempre garantiza la protección adecuada.
Una decisión política clave
España debe decidir si adopta una «línea dura» en políticas migratorias, siguiendo ejemplos de otros Estados miembros. Esta decisión podría tener profundas implicaciones sociales y políticas.
