La Comunidad de Madrid ya cuenta con seis instalaciones con la apertura de un nuevo centro para menores extranjeros no acompañados (menas) en La Cantueña, Fuenlabrada. Este nuevo centro fue bautizado con el nombre de Isabel Díaz Ayuso y cuenta con una capacidad para acoger a más de 2.000 menas, lo que supone un coste anual cercano a los 40 millones de euros. Esta situación está generando indignación tanto entre los ciudadanos como entre los inmigrantes legales que llevan años asentados en Madrid, según ha informado La Gaceta.
Un padre de familia colombiano que reside en el barrio, comenta que practica ciclismo cerca del centro de menas de la Casa de Campo, y siempre se encuentra con menores deambulando por la zona: «Siempre están buscando a quién robar. Esto afecta a todos los que llevamos años aquí trabajando».
Otro inmigrante marroquí que se encontraba haciendo deporte cerca del parque de atracciones de Madrid, también se queja de la situación: «La gente se queja mucho de ellos. Es una vergüenza, porque perjudican la imagen de los que estamos aquí legalmente». El sentimiento de rechazo se extiende a otros residentes que también han vivido situaciones de inseguridad, como un joven de la zona que afirma que varias personas cercanas han sufrido robos por parte de menores del centro de Batán.
Una vecina que vive cerca de la estación de metro agrega que este tipo de comportamientos genera miedo entre los residentes: «Hay muchas denuncias de señoras mayores y familias por robos y nadie hace nada para ponerle freno».
El Gobierno de Madrid destina 190 euros diarios al cuidado de cada mena, lo que suma alrededor de 5.500 euros al mes por cada uno, según los informes de los últimos contratos. Este gasto es visto como excesivo en un momento en el que muchos ciudadanos están enfrentando dificultades económicas.
Un inmigrante cubano que lleva años viviendo en España ha mencionado: «Parece que se ocultan muchas cosas. Luego nos llaman racistas, pero yo también soy extranjero y no lo entiendo». Añadiendo que el dinero que se destina a estos centros debería emplearse en otras prioridades como la sanidad.
Una joven española comparte esta última opinión y sugiere que los fondos invertidos en la gestión de la inmigración deberían destinarse a mejorar los servicios públicos: «No sé en qué se lo gastan, pero sería mejor que lo invirtieran en hospitales».
El consenso entre los inmigrantes legales es que el Gobierno de Pedro Sánchez es el principal responsable de esta situación. Muchos señalan que mientras que en otros países europeos, como Italia, se ha logrado reducir significativamente la inmigración ilegal, en España las cifras han aumentado en 2024. «Yo vine legalmente y estoy trabajando. Pero si esto sigue así, acabaremos muy mal», comenta un colombiano, a lo que otro cubano añade: «Aquí no hay Gobierno, es un despropósito total».
